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Reglamentación e inteligencia artificial: impacto sobre usuarios y empresas industriales en la Unión Europea

17/12/2025

Reglamentación e inteligencia artificial: impacto sobre usuarios y empresas industriales en la Unión Europea


Miguel Ángel Rodríguez Núñez

Miguel Ángel Rodríguez Núñez

  • Técnico de Sistemas de Control Industrial

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"El artículo analiza las implicaciones del nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) en el ámbito industrial y de servicios públicos, con especial atención al sector del agua. Examina cómo esta normativa redefine responsabilidades, transparencia y gestión del riesgo tanto para las empresas como para los usuarios finales"
 
En el último año he tenido la sensación de que la inteligencia artificial avanza más rápido que nuestra capacidad de asimilarla y regularla. En el sector del agua, donde convivimos ingenieros, juristas, operadores y responsables públicos, esa brecha entre innovación y normativa se nota en cada conversación. Todos reconocemos el potencial de la IA para optimizar procesos, anticipar averías o reducir consumos energéticos, pero cuando llega el momento de ponerla en marcha, la pregunta siempre es la misma: “¿y esto es legal?”.
 
Con la aprobación del AI Act, la Unión Europea ha dado un paso decisivo al convertirse en el primer bloque político que establece un marco jurídico integral para el desarrollo, implantación y supervisión de sistemas de inteligencia artificial. Su objetivo declarado es doble: fomentar la innovación y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Sin embargo, este equilibrio entre avance tecnológico y control normativo genera una tensión natural en sectores industriales críticos como el del agua, la energía o la automatización de procesos.
 
En más de una conversación con responsables técnicos que prueban ya modelos predictivos para ajustar distintos procesos el problema es el mismo. “Nos da mejores resultados que el control clásico, pero nadie sabe si podemos dejarlo operar sin supervisión humana continua, porque entre otras cosas, la normativa europea aún no dice claramente qué pasa si el algoritmo se equivoca”. Esa frase resume la realidad de muchas empresas industriales en la Unión Europea: la tecnología va por un carril, y la legislación, por otro.
 

Impacto en las empresas industriales

 
Indudablemente, las compañías que utilicen inteligencia artificial en entornos operativos o en la ayuda a la decisión en sistemas SCADA tendrán que adaptar sus sistemas de calidad y cumplimiento normativo. La trazabilidad del dato y del modelo pasará a formar parte de las auditorías internas y externas, de modo similar a como hoy lo son las certificaciones ISO o los protocolos de ciberseguridad.
 
La norma forzará a crear comités internos de gobernanza algorítmica, responsables de supervisar la calidad de los datos, la integridad de los modelos y la interacción entre sistemas automáticos y decisiones humanas. Las empresas que se adelanten en esta línea convertirán la regulación en una ventaja competitiva, fortaleciendo su reputación y su capacidad de operar en el mercado europeo. No obstante, el cumplimiento tendrá claramente un coste: aumento de cargas administrativas, necesidad de personal especializado en ética y cumplimiento digital, y revisión continua de algoritmos ante cualquier cambio operativo.
 
Ante la posibilidad de que la madurez regulatoria se convierta en un nuevo parámetro de solvencia técnica, la nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) intenta cerrar esa distancia. Clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y exige garantías de seguridad, trazabilidad y transparencia. Sobre el papel, la intención es impecable: proteger al ciudadano y al mercado de usos irresponsables, pero en la práctica quienes trabajamos en entornos industriales críticos —como el agua, la energía o la sanidad— nos encontramos con una maraña de requisitos que pueden paralizar la innovación. Cada modelo debe documentarse, auditarse, certificarse y supervisarse, aunque su riesgo real sea mínimo.
 
Es evidente que, para los usuarios finales esto puede traducirse en más confianza, pero también en mayor lentitud. Los algoritmos que podrían mejorar la calidad del servicio o reducir costes energéticos tardan años en pasar del laboratorio a la operación real. Para las empresas industriales, el impacto es más profundo: se necesitan equipos jurídicos especializados, registros de datos exhaustivos y sistemas de auditoría que aumentan los costes sin garantizar necesariamente más eficiencia.
 
En muchos casos, las empresas pequeñas simplemente renunciarán a desarrollar IA propia y dependeremos de proveedores externos, lo que nos llevará a otro problema: la dependencia tecnológica. Hoy, más del 90 % de los datos europeos se almacenan en servidores situados fuera de la UE, principalmente en Estados Unidos. Eso significa que buena parte de las empresas industriales europeas —incluidas las del sector del agua— entrenarán, ejecutarán o alojarán sus modelos de inteligencia artificial en infraestructuras que no controlan. La paradoja es evidente: la Unión Europea regula con rigor lo que puede hacer una empresa con sus datos, pero carece de soberanía plena sobre dónde y cómo se almacenan.
 

Una oportunidad para un liderazgo industrial europeo

 
A medio plazo, el AI Act puede convertirse en un catalizador de innovación responsable. Al obligar a las empresas a diseñar sistemas explicables y auditables se fomenta la creación de soluciones tecnológicas más robustas, interoperables y seguras. El sector industrial europeo tiene aquí una oportunidad estratégica: liderar la integración ética y normativa de la inteligencia artificial en entornos críticos, marcando una diferencia frente a los modelos más permisivos de Estados Unidos o China.
 
Actualmente se ha dado un nuevo paso para garantizar que la innovación tecnológica avance de forma segura y transparente. Entre las medidas más recientes destacan el Paquete Digital Omnibus, el Código de Buenas Prácticas para sistemas de IA de propósito general y la coordinación normativa con otras leyes digitales. Esperemos que estas iniciativas tengan un impacto directo en la forma en que las empresas desarrollan soluciones y en la confianza que muestran los usuarios en las mismas.
 
El Paquete Digital Omnibus busca reducir la carga administrativa y aportar claridad legal. Esto en la práctica significa más tiempo para adaptarse a los requisitos de sistemas de alto riesgo y la posibilidad de gestionar todas las notificaciones —desde incidentes de IA hasta ciberseguridad y protección de datos— en una plataforma única, evitando duplicidades. Además, se introduce el “interés legítimo” como base jurídica para ciertos tratamientos de datos en IA, lo que aporta seguridad jurídica y simplifica la integración con el RGPD.
 
Por otro lado, el Código de Buenas Prácticas para IA de propósito general, firmado por gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y OpenAI, establece compromisos voluntarios en transparencia, gobernanza y protección de derechos de autor. Esto implica que las empresas que se adhieren no solo mejoran su reputación, sino que también reducen riesgos regulatorios. Las ventajas para los usuarios: mayor confianza en herramientas como asistentes virtuales o generadores de contenido, gracias a prácticas más éticas y claras sobre cómo se entrenan y utilizan los modelos.
 
Es indudable que la inteligencia artificial debe de dejar de ser un territorio sin ley pero su regulación no debe de ser un freno, sino una brújula. Para las empresas del agua y de la industria, el desafío va a ser doble: cumplir con la norma y, al mismo tiempo, aprender a innovar dentro de sus límites. En esa tensión se juega el futuro del liderazgo tecnológico europeo.
 

Conclusiones

 
Considero que la reglamentación, aunque necesaria, debe acompañarse de una estrategia tecnológica europea coherente. No basta con definir qué no se puede hacer; hay que facilitar lo que sí debemos hacer. Programas como Apply
 
AI apuntan en esa dirección: fomentar la colaboración entre industrias, centros de investigación y administraciones para crear modelos de inteligencia artificial europeos, entrenados con datos propios y dentro de un marco legal común.
 
El futuro no pasa por elegir entre regulación o innovación, sino por hacerlas convivir. Las empresas del agua, y en general las del sector industrial, necesita un entorno donde cumplir la ley no signifique renunciar al progreso. En mi corta experiencia, la mejor regulación es la que evoluciona con la tecnología, no la que la persigue.
 
 
Nota final: Este texto refleja exclusivamente opiniones personales del autor y no representa en ningún caso la posición ni los criterios de la entidad en la que trabaja.
 
 
Miguel Ángel Rodríguez Núñez
 

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