El 95% de los ríos y lagos de Guatemala están contaminados

El 95% de los ríos y lagos de Guatemala están contaminados


01/07/2015

Internacional
El 95% de los ríos y lagos de Guatemala están contaminados
  • Pese a la enorme cantidad de ríos, lagos y pozos subterráneos, la contaminación generalizada puede motivar una mayor carencia de este líquido, lo que a mediano y largo plazo puede convertirse en un grave problema para el país, coinciden en señalar ambientalistas consultados
 
Tres casos recientes que involucran la contaminación de fuentes hídricas evidencian la crítica situación en la que se encuentra el agua en el país.
 
En marzo, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti desistió de “limpiar” el lago de Amatitlán con una fórmula química que costaría Q137.8 millones al Estado. Entre abril y junio, tribunales emitieron dos sentencias contra empresas que presuntamente están vinculadas con severos daños al medioambiente, específicamente contaminación de ríos.
 
El hecho es inédito en Guatemala, donde ambientalistas y expertos en recursos hídricos coinciden en que no existe un monitoreo constante de las fuentes de agua, aunque “estudios revelan que el 95% de los ríos y lagos sufren algún grado de contaminación”, explica Virginia Mosquera, del departamento de recursos hídricos del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna), de la Universidad Rafael Landívar (URL).
 
El primer caso atendido por la justicia se reportó en Santa Rosa, donde la mina de plata San Rafael fue señalada por los vecinos en 2012 por descargar desechos, especialmente de construcción, en el río Los Esclavos, fuente de agua que sustenta la agricultura de varias comunidades aledañas.
 
Mucha más atención pública recibió recientemente el denominado ecocidio en el río La Pasión. Según declaró públicamente el director de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Benedicto Lucas, la empresa de palma africana Repsa “tiene una laguna de oxidación en la que vierten los químicos y la misma se rebalsó con las lluvias”.
 
El efecto de la contaminación fue devastador para el río. Miles de peces de 23 especies diferentes resultaron muertos y por lo menos 12 mil habitantes de las riberas fueron auxiliados con agua potable por la Conred.
 
Estudios técnicos muestran la presencia del pesticida Malatión, prohibido en otros países. Sin embargo, no se cuenta con muestras que superen las 24 horas de monitoreo, lo que dificulta conocer la ruta exacta del ecocidio en este río.
 
Como la mayor parte de fuentes hídricas de Guatemala, este río es depositario de diversos desechos orgánicos e industriales. Entre otros, las aguas servidas que resultan de las operaciones de tres empresas agroindustriales que cultivan palma africana, tal el caso Repsa.
 
Las aguas residuales son depositadas en lagunas de oxidación que degradan las sustancias resultantes de los procesos industriales y deberían ser objeto de monitoreos permanentes para conocer el impacto real de las descargas en las fuentes hídricas, indican expertos.
 
“Las muestras deben tomarse por lo menos una vez por semana, antes y después de las descargas, para comprobar que la planta cumple con los parámetros establecidos”, dice Mosquera.
 
Calas efectuó visitas de campo al río La Pasión para comprobar los daños, que son notorios, dice Maldonado, y añade: “Podemos hablar de dos delitos: contaminación industrial y atentado contra el patrimonio natural, puesto que entre las 23 especies de peces muertos que se encontraron hay varias que son especies protegidas”.
 
El Estado no tiene capacidad para controlar a las empresas e industrias que contaminan las fuentes hídricas y llegan a producir ecocidios como el reciente del río La Pasión. El pesticida Malatión debería ser prohibido, concluye Maldonado.
 
Industrias extractivas como la minería y monocultivos extensivos, como la palma africana, se han expandido con márgenes muy amplios para sus operaciones y al mismo tiempo un escaso monitoreo de las autoridades. “Lamentablemente, los grandes recursos tienen capacidad para comprar voluntades”, señala Cabrera.
 

Recurso Vital

 
La falta de datos sobre la condición real del recurso hídrico en el país es alarmante, afirma Mosquera. “Es evidente que todos los ríos y lagos nacionales tienen diversos grados de contaminación. El lago de Amatitlán es un ejemplo que nos muestra el último grado de contaminación en una reserva acuífera de este tipo. El lago de Atitlán estaría en una fase mediana, pero el proceso de degradación iniciado por la cianobacteria en 2009 continúa”, agrega.
 
El efecto más evidente e inmediato de la carencia de agua limpia en el territorio nacional son los problemas de salud producidos por microbios. Lógicamente, las enfermedades gastrointestinales que atacan principalmente a los más pequeños de la familia son la consecuencia más visible.
 
“En el país existe un mal servicio de distribución y no hay agua potable entubada. Al mismo tiempo la débil institucionalidad contribuye al desalentador panorama nacional”, expresa.
 
Pese a ello, la Política Nacional del Agua (2011), señala: “La contribución del agua a la economía nacional es real y directa, y sus aprovechamientos se vinculan estrechamente con la salud, la agricultura, la energía, la industria y el turismo; sin embargo, dicha contribución carece de consistencia para el logro de objetivos nacionales que trasciendan los diversos sectores usuarios, pues las políticas públicas, entre ellas la de seguridad alimentaria y la de desarrollo rural, asumen que habrá agua para las diversas demandas, pero no prevén estrategia o lineamiento alguno para asegurarlo”.
 
Según el ambientalista Jorge Cabrera, el agua es una especie de seguro de vida que los guatemaltecos tenemos para heredar a las próximas generaciones. Sin embargo, la imparable contaminación de las fuentes hídricas, evidenciada en los tres casos recientes de Amatitlán, Los Esclavos y La Pasión, son un fuerte indicador de alerta para las autoridades y la población en general, que podrían enfrentarse a una severa crisis de agua si no toman las medidas pertinentes.
 

Plan incumplido

 
En la Política Nacional del Agua se afirma: “Para responder a los retos hídricos citados es necesario también enfocarnos en las oportunidades que tiene Guatemala, debido a su riqueza hídrica. Hoy más que nunca es necesario desarrollar capacidades nacionales de gestión y gobernanza para aprovechar el capital hídrico en beneficio del desarrollo humano y productivo, y en función de mejorar y recuperar el ambiente”.
 
Si bien este documento establece un cronograma para la recuperación de las fuentes hídricas del país, el hecho es que la situación del agua no se ha modificado sustancialmente desde hace cinco años, cuando un estudio afirmaba que hasta el 98% del agua estaba contaminada con materia fecal.
 
En 2012, datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicaban que de 331 municipios analizados, 24 contaban con plantas para tratar las aguas residuales, de los cuales 23 plantas se ubicaban en la capital y 15 estaban en funcionamiento.
 
Otro dato del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de 2011, señala que cada año la ciudad de Guatemala producía 140 millones de metros cúbicos de aguas residuales, de los cuales solamente era tratado el 5%.
 
Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala afirman en un estudio (2014), que el 95% de los líquidos que provienen de plantas industriales regresa a los ríos, mares y lagos sin haber sido tratadas antes. “Esto quiere decir que si bien el territorio nacional cuenta con suficiente capacidad hídrica, no se ha sabido aprovechar el recurso”.
 
El mismo documento señala que en el país existen más plantas para potabilizar el agua que para tratar las aguas residuales, lo que implica una gran carencia en el saneamiento del agua. Las plantas eliminan del líquido todos los residuos que lo enturbian. El proceso deja el agua lista para ser usada en el riego, o bien retornar a los ríos. De la depuración resultan varias clases de lodo. Algunos de estos pueden contener metales y otros desechos tóxicos y no deben reintegrarse a la tierra.
 
La obligatoriedad de instalar las plantas se establece en el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que pretende reducir las emisiones de desechos sólidos a los cuerpos hídricos gradualmente, con base en un cronograma que abarca desde 2011 hasta 2024, cuando se espera la eliminación de los contaminantes en las fuentes acuíferas.
 

Una herencia indeseada

 

Según el ambientalista Jorge Cabrera, el titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Óscar Medinilla, lleva una pesada carga. “La herencia que recibe es una serie de señalamientos de corrupción contra las concesiones para la exploración y explotación otorgados durante la gestión de la exministra Roxana Sobenes”.
 
“Las decisiones se tomaban privilegiando la orientación política y económica sobre los intereses del país. El Estado debería actuar en función del bienestar general, del bien común. Sin embargo las cosas han sido muy distintas y diversos casos de corrupción destapados recientemente se suman al desastre ecológico en el río La Pasión, uno de los tantos elementos que destapan la olla de la podredumbre que se ha acumulado en varios años. No es únicamente responsabilidad de este gobierno, es permanente”, afirma.
 

Publicidad

Deja tu comentario

Comentarios Publicar comentario

No hay comentarios publicados hasta la fecha.

Fuente www.s21.com.gt


Política de cookies