"El problema no son las EDAR construidas, sino las que faltan para que Aragón cumpla sus obligaciones"

"El problema no son las EDAR construidas, sino las que faltan para que Aragón cumpla sus obligaciones"


20/04/2017

Saneamiento urbano
"El problema no son las EDAR construidas, sino las que faltan para que Aragón cumpla sus obligaciones"

 

  • Los impulsores de los planes de saneamiento afirman que "El problema no son las EDAR construidas, sino las que faltan para que Aragón cumpla sus obligaciones"
  • En la carta abierta “De pura verdad” recuerdan que fueron planes y proyectos muy analizados técnicamente, dan la razón a los ayuntamientos que exigen soluciones y confían en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón como “oportunidad para desmentir infundios y arrojar luz públicamente sobre el futuro de la calidad de las aguas y los ríos de Aragón”
 
Los equipos directivos que impulsaron los planes de depuración de aguas residuales de Aragón han enviado hoy a los medios de comunicación aragoneses una carta abierta titulada “De pura verdad”, donde recuerdan que “el problema no son las instalaciones construidas, sino las que faltan para que Aragón cumpla con sus obligaciones”.
 
En su escrito, advierten que las políticas públicas sobre saneamiento y depuración fueron “planes y proyectos muy analizados técnicamente”, dan la razón a los ayuntamientos que exigen soluciones y confían en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón como “oportunidad desmentir infundios y arrojar luz públicamente sobre el futuro de la calidad de las aguas y los ríos de Aragón”.
 
La carta abierta está firmada por el exconsejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, el exviceconsejero y secretario general técnico, Luis Marruedo, y el exdirector del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal.
 


Obras pendientes desde 1993

 
La carta abierta señala que desde 1993, el Gobierno central tenía pendientes de realizar casi todas las depuradoras del Pirineo aragonés, que había declarado de interés general. El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), de 2001, previo a la responsabilidad de gobierno de los firmantes, fijaba para antes de 2005 el horizonte para depurar todas las aguas residuales en municipios de más de 1.000 habitantes equivalentes. Reforzaba de este modo el objetivo europeo, que fijaba el listón en los 2.000 habitantes equivalentes para el mismo año.
 
El artículo recuerda que en 2003, los equipos directivos tuvieron “la responsabilidad de tomar una decisión muy importante: coger el toro por los cuernos para cumplir las directivas europeas y la normativa vigente en depuración, o simplemente dejar que siguiera pasando el tiempo”, en unos “años duros, en los que Aragón veía amenazados sus recursos de agua con el trasvase y queríamos predicar con el ejemplo: no al trasvase y sí a la calidad de los ríos”.
 


Apoyo de los gobiernos de Aragón

 
Los articulistas marcan el contexto: “Ante la falta de financiación de los municipios, competentes en la materia, el Gobierno de Aragón decidió abordar el problema con rigor, valentía y amplitud de miras, por las múltiples vertientes y beneficios de la depuración: ambientales, sociales, territoriales, económicos y de generación de empleo”.
 
Asimismo, recuerda que el presidente Marcelino Iglesias, el vicepresidente José Ángel Biel, todo el Gobierno de Aragón, y la presidencia siguiente de Luisa Fernanda Rudi avalaron “un asunto muy complejo, con derivadas en la fiscalidad autonómica, obligados como estábamos por Europa a recuperar los costes del agua y repercutirlos íntegramente en los usuarios mediante el principio de quien contamina paga”.

 

Riesgo de sanciones y sin presupuestos

 
“Afrontar tamaño reto mediante los presupuestos ordinarios hubiese supuesto decenas de años, no llegábamos a tiempo: Europa amenazaba con sancionar a los países incumplidores, como se ha demostrado: la Comisión ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga a España una multa 46,5 millones de euros, más otros 171.217 euros diarios”, continúa el artículo.
 
“Aprobamos el Plan Especial de Depuración y, gracias al nuevo Estatuto de Autonomía, firmamos con la Administración General del Estado el hito que suponía que encomendaran a Aragón las obras de interés general, pendientes, insistimos, desde 1993”, señalan los autores.
 


El modelo concesional también es público

 
“Los planes de obras se abordaron mediante el sistema concesional, un modelo tan público como cualquier otro, ya que siempre las competencias y el control siguen siendo públicas” -recuerdan. “La diferencia es que, en lugar de contratar unas obras públicas -con una empresa privada- y después contratar el mantenimiento de esas obras públicas -con otra empresa privada-, se sacaba a concurso y se adjudicaba conjuntamente la construcción y la explotación durante 20 años”, resume el artículo.
 
Los firmantes subrayan que “la ventaja es que las concesionarias tenían que adelantar la inversión, en unos años de escasez presupuestaria y de restricciones al déficit permitido”. Las concesionarias, de este modo, asumían todos los riesgos: cobrarían según la cantidad real de agua que tratasen en sus depuradoras, ni más ni menos, dimensionadas según las previsiones que los ayuntamientos trasladaban según su planeamiento urbanístico, en unos años de rápido crecimiento en toda España, afirman.
 


Éxito colectivo de los aragoneses y crisis financiera posterior

 
“Los planes de depuración fueron un éxito colectivo de los aragoneses: en un tiempo récord, pasamos de una veintena de depuradoras a más de 200”, tal como señala el artículo, que recuerda que las obras de las 13 zonas técnicas en las que se dividió el Plan Especial funcionan perfectamente. Lamentablemente, la crisis financiera impidió que tres concesionarias del Plan Pirineos pudiesen acometer las actuaciones.
 
Los autores se lamentan de que “hubo una posibilidad real de solucionar el problema, mediante financiación del Banco Europeo de Inversiones”, pero “la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) evitó que esta solución pudiera materializarse, al pedir expresamente al Banco Europeo que no financiase las obras”.
 


Precios similares por depurar

 
El artículo señala que todas las actuaciones de depuración se financian en Aragón gracias al canon de saneamiento, actual Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Aragón, a diferencia de otros territorios, repercute íntegramente las actuaciones en un impuesto único y específico, un impuesto ecológico y solidario, que grava la producción de aguas residuales.
 
Tal como recuerda el escrito, “en otras comunidades, durante tiempo, ha habido una ilusión fiscal: el ciudadano pagaba menos directamente por el canon, pero acababa pagando lo mismo a través del resto de impuestos, entre todos los contribuyentes. A ello se suman las características de Aragón, nuestro territorio amplio, de compleja orografía, baja población y dispersa. Pese a todo, el precio de depurar se similar en Aragón que en el resto de España”.
 
El ICA, con una tarifa igual para todos los aragoneses, es un elemento fundamental de solidaridad territorial: si cada municipio se pagase su depuradora, el gasto sería inasumible para los pequeños núcleos, con municipios sin recursos. La confusión interesada de considerar que el ICA es una tasa por depurar ha traído graves problemas. “No es una tasa, es un impuesto, y no es por depurar, es por generar aguas residuales”, recalcan.
 


Planes y proyectos muy analizados técnicamente

 
El texto muestra que “fueron planes y proyectos muy analizados técnicamente: estudios de viabilidad, memorias, proyectos, informaciones públicas, licitaciones, visitas a campo, analíticas de agua, estudios geotécnicos para caracterizar y comprobar las cargas admisibles de los terrenos de cimentación, topografía de detalle para el trazado de colectores y todos los servicios necesarios (movimientos de tierras, caminos, agua potable, telefonía, líneas eléctricas...), memorias de incidencia ambiental, estudios de impacto ambiental, arqueológico, paleontológico... Unos proyectos “sólidos, reconocidos internacionalmente, amparados por los servicios jurídicos y la Intervención del Gobierno de Aragón”.
 


500 obras del ciclo del agua

 
El segundo Plan Nacional de Calidad de las Agua permitió que Aragón recibiera una importante cofinanciación para actuaciones del ciclo del agua. Fueron más de 500 obras municipales: abastecimientos, redes de distribución, saneamiento, defensas de riberas, actuaciones de urgencia. “Nadie podrá negar la importancia de las obras, acordadas siempre en la comisión de seguimiento entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón”. “Con luz y taquígrafos”, destacan.
 
“Los planes de depuración de Aragón fueron premiados internacionalmente y caso de estudio de la OCDE para recomendar su aplicación en otros países. La crisis financiera sobrevenida, posterior a los planes, impidió la ejecución de actuaciones en tres zonas del Plan Pirineos. Pero el problema no es del modelo. El modelo funciona”, reiteran los autores.
 


La comisión como oportunidad

 
“La comisión de investigación que aprobarán las Cortes de Aragón sobre las políticas públicas de depuración ha de verse como una oportunidad para explicar, recordar los argumentos, desmentir falsedades e infundios: decir la verdad, por parte de todos, en sesiones públicas, y extraer conclusiones sin apriorismos, desde el respeto, por el buen nombre de los amplios equipos que trabajaron en los planes de depuración y de quienes siguen sufren infundios, sin perjuicio de los derechos que asisten para salvaguardar el honor frente a calumnias e insidias”, consideran los autores, quienes tienen un recuerdo hacia los equipos del Instituto Aragonés del Agua, Sodemasa, Sarga, ayuntamientos y empresas.
 
“La enorme bola de nieve de imprecisiones y falsedades ha ido creciendo por motivos políticos evidentes, mezclando churras con merinas, buscando el titular fácil, aún a costa de la verdad y utilizando el lógico y legítimo enfado de los ayuntamientos, molestos con las sanciones de los organismos de cuenca”, señalan.
 
“No les falta razón a los ayuntamientos a la hora de exigir soluciones. El problema no son las depuradoras construidas, sino las que falta por construir. Ojalá que la comisión sea una oportunidad para arrojar luz públicamente sobre el futuro de la calidad de las aguas y los ríos de Aragón”, finalizan.
 
 

Fuente www.comunicanza.es


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22/04/2017 Sin entrar a valorar el tipo de contrato utilizado para la gestión de los paquetes de depuradoras, en mi humilde opinión, no puedo estar más de acuerdo con lo expresado en este artículo. Dejemos que actúen los técnicos que, como tales, trabajan con CRITERIOS TÉCNICOS válidos y ampliamente utilizados en la generalidad de los casos.