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La justicia europea exige a España medidas inmediatas ante las graves carencias en el tratamiento de aguas


22/12/2025

Saneamiento urbano
La justicia europea exige a España medidas inmediatas ante las graves carencias en el tratamiento de aguas

 

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señala el incumplimiento de la normativa comunitaria en diversas aglomeraciones urbanas, advirtiendo sobre los riesgos para la salud pública y el medio ambiente
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia condenatoria contra el Reino de España por el incumplimiento sistemático de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
 
La resolución subraya que varias aglomeraciones urbanas en territorio español aún no disponen de sistemas adecuados de recogida y tratamiento, años después de que expiraran los plazos legales.
 
Los puntos clave de la sentencia
 
La justicia europea ha centrado su dictamen en tres deficiencias principales que afectan a la gestión hídrica del país:
 
  • Sistemas de colectores insuficientes: Varias localidades carecen de redes que aseguren la recogida total de las aguas residuales antes de su vertido.
     
  • Tratamientos secundarios deficientes: Se ha detectado que el nivel de depuración en diversas plantas no alcanza los estándares exigidos para eliminar la carga orgánica contaminante.
     
  • Retrasos en zonas sensibles: El Tribunal enfatiza el incumplimiento en áreas que requieren una protección especial debido a su valor ecológico, donde el tratamiento debería ser aún más riguroso.


Impacto y posibles sanciones


Esta condena no solo supone un daño reputacional para la gestión medioambiental de España, sino que abre la puerta a la imposición de multas coercitivas millonarias. España es, históricamente, uno de los países de la UE que más sanciones ha acumulado por la gestión del ciclo del agua, habiendo pagado ya decenas de millones de euros en multas previas.

"El tratamiento adecuado de las aguas residuales no es solo una obligación legal, sino una necesidad imperativa para proteger nuestros ecosistemas fluviales y marinos, así como para garantizar la salud de los ciudadanos", señalan fuentes expertas en derecho ambiental.


Compromiso de la administración


Tras conocerse el fallo, se espera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico refuerce los planes de inversión en infraestructuras de saneamiento. La ejecución de las obras pendientes, muchas de ellas declaradas de "interés general", es ahora una prioridad crítica para evitar el incremento de las sanciones pecuniarias impuestas por Bruselas.
 

Fuente www.aguasresiduales.info


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